Lago Agrio, miércoles 19 de noviembre de 2025 —  Tras un mes y medio de incertidumbre y arbitrariedad institucional, el día de ayer, martes 18 de noviembre la Superintendencia de Bancos cumplió la obligación de desbloquear las cuentas de Fundación Alianza Ceibo y varias cuentas de UDAPT. Esta acción es un respiro de alivio para nosotros, pues finalmente podremos ponernos al día con las obligaciones contraídas, que ya iban retrasadas.

El desbloqueo, ordenado el pasado 5 de noviembre por un juez anticorrupción luego de una audiencia de revisión de la medida, no ocurrió de forma inmediata. La Superintendencia de Bancos retrasó de forma injustificada el cumplimiento de la orden judicial y solo la acató por insistencia al juez y la posibilidad de que se emitan sanciones contra la institución; a la fecha, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no cumple con su obligación y varias cuentas de UDAPT siguen bloqueadas. Ello pese a que, como informamos anteriormente, las organizaciones involucradas en esta causa: Fundación Alianza Ceibo, UDAPT y PAKKIRU, demostramos ante la autoridad judicial nuestro actuar legítimo y transparente, mientras que la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE, no presentó ninguna prueba que justificara la orden de bloqueo de nuestras cuentas. 

La medida arbitraria que enfrentamos afectó directamente nuestro trabajo con las comunidades y puso en riesgo obligaciones legales, fiscales y operativas. Hoy, los colectivos Alianza Ceibo, UDAPT y PAKKIRU volvemos a funcionar normalmente y con el digno y firme compromiso con las comunidades. 

Esta experiencia compleja confirma un hecho amargo pero evidente: en Ecuador, estamos en un contexto donde las organizaciones sociales e indígenas que defendemos derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, somos incómodas para el poder. Y por incomodar buscan silenciarnos. El patrón es claro: obstaculizar, desgastar, infundir miedo, limitar la organización comunitaria que sostiene a los pueblos y nacionalidades.

Los  colectivos, seguiremos luchando dentro del marco jurídico vigente en el Ecuador, hasta que se respeten nuestros derechos y quienes desacatan una orden judicial sean sancionados. 

Nos mantenemos alertas ante el riesgo de que este tipo de arbitrariedades se repitan, especialmente cuando la Corte Constitucional continúa en silencio y sin pronunciarse sobre la cuestionada Ley de Transparencia, una normativa que, en la práctica solo se ha convertido en un instrumento para restringir, vigilar y perseguir a fundaciones, colectivos y organizaciones que cumplen un rol fundamental en la democracia. Ese silencio también es una forma de violencia institucional. 

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, organizaciones, aliados y comunidades que se mantuvieron firmes a nuestro lado durante este difícil e injusto momento. Su apoyo constante, sus voces de respaldo y la solidaridad expresada fue y es una defensa viva frente a la arbitrariedad. Y nos recuerda que, aunque intenten silenciarnos, los lazos que nos unen en la defensa de los pueblos, los derechos, los territorios y la vida son más fuertes que los intentos de controlarnos. Esa red viva es esencial para sostenernos y continuar la labor que hacemos quienes protegemos y defendemos la vida. 

Seguiremos trabajando con la misma convicción, con más fuerza y con una claridad absoluta: defender vida y territorio nunca será un delito.