Defensores y Defensoras de los Derechos de las Nacionalidades

Este programa tiene su corazón en la dignidad de nuestros pueblos y nuestro deseo de exigir y defender nuestros territorios y nuestra vida. Muchas veces los gobiernos y las empresas han usado la ley para imponernos sus intereses, y la ley también puede ser un mecanismo eficaz de protección si la conocemos y sabemos usarla. Mediante la capacitación de Defensores y Defensoras de las cuatro nacionalidades, de la asesoría técnico jurídica y del acompañamiento a los procesos de exigibilidad y denuncia que inician las comunidades, buscamos que el Estado cumpla con sus obligaciones de protección, garantía y acceso a derechos.
Al mismo tiempo, busca construir alianzas con otros pueblos y procesos. La ley debe estar en las manos de las comunidades y servir como herramienta para sus procesos de defensa y protección de sus territorios, para su pervivencia. Los defensores y defensoras trabajamos junto a nuestras comunidades identificando amenazas contra nuestras vidas y territorios, para definir y poner en marcha procesos de unidad, defensa y protección.

“Uno de nosotros decía que la ley es como un machete: si lo dejas botado en la chakra no va a limpiar nada; tenemos que saber manejarla bien para que sea una buena herramienta de defensa de nuestros pueblos”.

Logros destacados:

• Más de 350.000 hectáreas de territorios ancestrales en proceso de titulación legal dentro del Ecuador, Colombia y el Perú; con un camino abierto a la titulación de 505.857 más sólo en el Ecuador.
• 32.000 hectáreas de selva tropical en el territorio ancestral Kofán protegidas, mediante un veredicto judicial histórico que anuló 52 concesiones mineros ilegales.
• 180.000 hectáreas de selva megabiodiversa en el territorio Waorani de Pastaza protegidas, mediante un fallo judicial histórico que suspendió indefinidamente la extracción petrolera, y proporcionó un precedente legal para proteger otras 3 millones de hectáreas de las subastas petroleras previstas.
• Un mandato judicial crucial obtenido en un tribunal colombiano, que detuvo la exploración de petróleo en 52.600 hectáreas de territorio Siona, en la región del Putumayo, y puso en peligro los planes de perforación de Amerisur.
• Dos casos legales seleccionados por la Corte Constitucional ecuatoriana para establecer un precedente a nivel nacional sobre la Consulta Libre, Previa e Informada, una herramienta poderosa y, a menudo, el último recurso legal para que las comunidades indígenas desafíen a la industria extractiva.