Defensores y Defensoras de los Derechos de las Nacionalidades

Este programa tiene su corazón en la dignidad de nuestros pueblos y nuestro deseo de exigir y defender nuestros territorios y nuestra vida. Muchas veces los gobiernos y las empresas han usado la ley para imponernos sus intereses, y la ley también puede ser un mecanismo eficaz de protección si la conocemos y sabemos usarla. Mediante la capacitación de Defensores y Defensoras de las cuatro nacionalidades, de la asesoría técnico jurídica y del acompañamiento a los procesos de exigibilidad y denuncia que inician las comunidades, buscamos que el Estado cumpla con sus obligaciones de protección, garantía y acceso a derechos.
Al mismo tiempo, busca construir alianzas con otros pueblos y procesos. La ley debe estar en las manos de las comunidades y servir como herramienta para sus procesos de defensa y protección de sus territorios, para su pervivencia. Los defensores y defensoras trabajamos junto a nuestras comunidades identificando amenazas contra nuestras vidas y territorios, para definir y poner en marcha procesos de unidad, defensa y protección.

“Uno de nosotros decía que la ley es como un machete: si lo dejas botado en la chakra no va a limpiar nada; tenemos que saber manejarla bien para que sea una buena herramienta de defensa de nuestros pueblos”.

Logros destacados:

• Desarrollo de modelos educativos comunitarios y marcos curriculares, que culminaron con su histórico reconocimiento oficial por parte del Gobierno de Ecuador en septiembre de 2026, permitiendo su implementación en el sistema nacional de educación pública en los territorios A’i Cofán, Siekopai y Waorani. Esto permite integrar oficialmente sus conocimientos ancestrales, lenguas y cosmovisión en la educación pública, sentando al mismo tiempo un precedente importante para que otras naciones indígenas de Ecuador puedan impulsar procesos similares.
• Legislación que protege los territorios frente a la minería y la extracción de petróleo.
• Un fallo judicial histórico que permitió al pueblo Siekopai recuperar la propiedad de su territorio ancestral.
• Un fallo judicial que anuló 52 concesiones mineras ilegales en territorio A’i Cofán, protegiendo el sistema del río Aguarico en su conjunto aguas arriba.
• La suspensión de la extracción petrolera en el territorio Waorani y en la región de Pastaza, cuestionando el mismo proceso de consulta utilizado con naciones indígenas vecinas y sentando un precedente de facto para seis naciones indígenas.
• La obtención de fallos judiciales que establecieron un precedente nacional sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado, una herramienta poderosa para que los pueblos indígenas puedan hacer frente a la industria extractiva.